El Ministerio de Justicia y sus indultos

El Kamikaze del Valencia, Carromero, Alfredo Sáenz, los Mossos dÉsquadra sus indultos y el caso de David Reboredo.

El Kamikaze de Valencia

La decisión del Gobierno de indultar a un conductor kamikaze que en 2003 provocó en Valencia un accidente mortal ha indignado a la familia de la víctima, que exige una explicación publica de una medida de gracia, según denuncia su hermana, que resta credibilidad al sistema judicial.

Esta medida de gracia, concedida por el Gobierno a petición del Ministerio de Justicia (Gallardón), contaba con el visto bueno de Instituciones Penitenciarias (¿de quién depende este organismo?) pero había sedo rechazada por los Jueces, la Fiscalía y la Familia de la víctima.

Asimismo, exige "una explicación pública" del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, firmante del indulto, sobre esta medida.

La hermana de la víctima afirma estar respondiendo a los medios de comunicación que se lo piden "exclusivamente por respetar la memoria" de su hermano, porque "él se merece que esto se denuncie".

El hijo del ministro

Por su parte, el abogado de la familia, Agustín Ferrer, ha indicado sobre el hecho de que un hijo de Gallardón trabaja en el bufete que defendió al kamikaze indultado y que el abogado defensor es hermano del exsubsecretario de Justicia Ignacio Astarloa, que "es un dato objetivo" que se puede comprobar en la web del bufete.

Preguntado sobre si esa situación puede haber influido en el indulto, el abogado no ha querido relacionarlo, aunque ha calificado de "bastante sorprendente" que se haya actuado "de manera tan rápida" con una pena de trece años y con los informes en contra de la Audiencia provincial, la Fiscalía y las víctimas.

 

Carromero

 

Ángel Carromero, sentenciado en Cuba por homicidio imprudencial en el accidente en que murieron los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero, salió hoy de la cárcel de Segovia, tras recibir el tercer grado penitenciario, la semilibertad.

La Dirección de Instituciones Penitenciarias de España concedió este viernes el tercer grado, con lo que el dirigente en Madrid de Nuevas Generaciones, organización juvenil del gobernante Partido Popular (PP), podrá dormir este fin de semana en su domicilio de Madrid.

La Junta de Tratamiento de la cárcel de Segovia trasladó el jueves la petición de tercer grado, por lo que le fue concedido el beneficio en régimen abierto, por lo que no volverá a prisión, sino que estará a disposición de un Centro de Inserción Social en Madrid.

Las opciones que tiene Carromero es que de lunes a jueves puede dormir en ese centro de inserción, o bien someterse a un control telemático, que le permitiría dormir en su domicilio.

La semana pasada, el Ayuntamiento de Madrid anunció que lo mantiene en su puesto de trabajo en la Junta Distrital de Moratalaz, por lo que podrá reincorporarse en próximos días a su cargo.

Carromero fue detenido en julio pasado en Cuba tras el accidente y fue sentenciado a cuatro años de prisión.

Tras negociaciones entre los gobiernos español y cubano, Carromero llegó a España el pasado 29 de diciembre para cumplir su condena en este país europeo y fue internado en la cárcel de Segovia.

  

Los Mossos d´Esquadra:

 

Apenas un mes antes, el Gobierno de Rajoy indultó a los cuatro Mossos condenados por torturar a un Rumano. También pese a la oposición de la Audiencia y de la Fiscalía.

 

Alfredo Sáez.

El consejero delegado del Banco Santander fue indultado por el gobierno de Zapatero en noviembre del 2011 por un delito de acusación falsa cometido en 1994, cuando era presidente de Banesto, contra unos acreedores de la entidad..

 

Versus

 

Caso David Reboredo, (ver video de su padre)

 

Exdrogadicto de 44 años ya rehabilitado, que ha ingresado en la cárcel de Pontevedra por intercambiar en 2009 unas papelinas de heroína que no llegaban a pesar medio gramo. El peso de la ley ha sido más gravoso: siete años de condena. David lleva 10 años rehabilitado, los tres últimos sin consumir nada.

Este caso sigue durmiendo en la esperanza de la justicia a pesar de que Ruiz Gallardón se comprometió a revisar el caso.

 

 

 

Barcenas panda chorizos

Me resisto a creer que este señor haya acumulado tanta pasta en tan poco tiempo y huérfano de amigos. Parece que solo le conocen en su familia.

 

 

 

Muy buena entrada de El Confidencial, a través del blog Contralaimpunidadya

 

Con lo de comer no se juega.

 

Y ojito que nadie se salga del tiesto:

Argumentario del PP ante el caso Bárcenas.

 

 

 

 

Oriol Puyol Sarasola. ¿Comisiones y Paraisos S.A.?

 

 

¿Afloran ahora los escándalos financieros de la familia Pujol para frenar el independentismo en Cataluña o alguien saca los trapos sucios para que se limpien a través del victivismo con el que la Sociedad Catalana puede perdonar ahora cualquier irregularidad nacionalista?

 

• El demoledor informe de la UDEF sobre la trama de corrupción en Cataluña.
• Oriol Pujol era el jefe y cerebro de un entramado de cobro de comisiones desde paraísos fiscales.
• La Policía desvela cómo el líder de CDC coordinaba y negociaba el cobro de comisiones.

 
Enlaces:

• Jordi Pujol se encoleriza con el famoso borrador contra CiU: "¿Qué coño es la UDEF?"
• UDEF: Análisis de la Documentación facilitada por entidades financieras
• El 'clan Pujol' de los paraísos fiscales y de las falsas licencias deportivas
• El fiscal general Torres-Dulce: existen 'indicios de delito' en Jordi Pujol hijo
• La periodista Pilar Rahola denuncia la "brutal cacería de los Pujol"
• ¿Qué 'coño' es lo de CiU y lo de la fortuna de su familia, Señor Jordi Pujol?

 

La cantidad que percibe por estas operaciones es de 3.000.000 de euros en el caso de Sony, y alrededor de 2.000.000 de euros por la de Sharp.

 

El informe que el Tribunal Supremo ha remitido al juzgado de Barcelona que instruye el caso de las ITV con las últimas pesquisas de la Udef (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía ) es demoledor para Oriol Pujol.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ha reconstruido el modus operandi del entramado que encabeza el secretario general de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) para enriquecerse mediante distintos negocios que precisaban de la participación de la Generalitat.

La Udef da por hecho que algunos de los cobros se produjeron desde paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes.

El informe, tal y como revela este martes el diario ‘El Mundo', identifica a Oriol Pujol como "beneficiario real de una sociedad mercantil" con "capacidad de actuación directa sobre los órganos de gobierno de la Administración Pública de Cataluña".

Para los investigadores, su nombramiento, primero como secretario general CDC y, luego, como secretario general le garantizó "la oportunidad para ejercer la influencia directa en aras de conseguir un resultado favorable hacia sus propios proyectos económicos".

La investigación policial de la conocida en un principio como derivada catalana del ‘caso Campeón' o trama de las ITV, se reafirma en que el hijo del ex presidente de la Generalitat operaba junto a los empresarios Sergi Alsina Jiménez -propietario de la consultora Alta Partners- y Sergi Pastor Colldeforns -vinculado a diversas empresas del sector industrial- La esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, trabaja como consejera en la empresa de Alsina.

El 26 de marzo de 2012 la Guardia Civil detenía a Pastor y Alsina por el supuesto amaño de la concesión de las ITV en Cataluña.

En aquel momento fueron también arrestados Ricard Puignou, otro empresario vinculado a las ITV, y dos cargos públicos: el subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat catalana, Isidre Masalles, y el número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, al que la juez instructora, Silvia López Mejía, ya atribuye la función de "mediador".

El propio Sergi Alsina, amigo personal del líder convergente desde que coincidieron en la escuela de negocios IESE, llega a asegurar en una de las conversaciones recogidas por la Udef que «desde ahí [es decir, como secretario de CDC] puede tener más influencia que desde el propio Gobierno».

"EL NÚCLEO CENTRAL"

Junto a Alsina, Pastor y Pujol, la Udef identifica a Pedro Vicente Navarrete, responsable de Sony España hasta el pasado abril de 2012, y a su esposa, María Jesús Muro, como "el núcleo central".

Todos ellos, junto al hijo del ex presidente catalán, "son beneficiarios económicos de la sociedad Invalcor, Instituto de Valoración Corporal SL, dedicada a la salud y que aspiran a "que les sirva como lobby".

En Invalcor, "la participación de Oriol Pujol es encubierta, percibiendo los retornos que en su caso se distribuyan", según la Policía.

La Udef considera asimismo que el propio Oriol, además de ser parte de Invalcor, "está al tanto de los proyectos y las inversiones que los empresarios llevan a cabo, participando de forma directa en alguna de ellas".

Invalcor, que Sergi Pastor define como "su rentita", puede "dar un beneficio, antes del impuesto, de lo invertido más el 50 o 40%", tal y como recoge el documento policial.

Además, "los empresarios participantes han aportado un capital que ronda los 400.000 euros" para su constitución.

SHARP

Para la Policía, los implicados realizaban "operaciones inversoras" en ámbitos como "la inspección técnica de vehículos o la eficiencia energética, que precisan de adjudicaciones o autorizaciones" de la Generalitat.

Además de las actuaciones analizadas, que tienen lugar entre finales de 2010 y la primera mitad de 2012, la investigación desgrana "otras operaciones paralelas" que desarrolla "en primera persona" el propio Alsina, como "los procesos de reestructuración empresarial mediante la negociación de la adquisición de las plantas industriales de Sony, Yamaha y Sharp", multinacionales instaladas en Cataluña y que acometieron deslocalizaciones en este periodo.

Según la Policía, "la cantidad que percibe por estas operaciones es de 3.000.000 de euros en el caso de Sony, y alrededor de 2.000.000 de euros por la de Sharp".

A propósito del desempeño de Pujol en estos casos, en las conclusiones de la Udef se afirma que la participación del político se concreta en la "coordinación de las actuaciones"; en la participación "directamente en el proceso de negociación" y en "las dificultades existentes", y en la resolución de los problemas "hablando con los responsables de la Administración Pública implicados -Dirección General de Industria y de Relaciones Laborales-".

En concreto, Oriol Pujol intervino "sobre la posibilidad de alargar los ERE de Sharp" y "sobre la liquidación de impuestos en la operación (de Sharp)", para lo que habló con el director de la Agencia Tributaria catalana.

Fuente: http://www.periodistadigital.com

 

 

 

Episodios familiaries. La familia Rato

Mi amigo Koldo, me pasa un extracto del libro de José Luis Hernández Garvi “Episodios ocultos del Franquismo”  donde se relata una historia ya conocida de la familia Rato, pero que conviene volver a recordarla.

 

" Al amparo de los grandes negocios y del progreso industrial, se producen también una serie de escándalos económicos y financieros, algunos de ellos con trascendencia política, que provocaron cierto clima de alarma social que el régimen trato de calmar silenciando sus consecuencias. Uno de los primeros y más destacados de esta nueva etapa es el conocido como caso del Banco de Siero.

Esta entidad financiera había sido fundada por Ramón Rato Rodriguez , padre del conocido político español Rodrigo Rato.

En 1965 el ex ministro de Hacienda y entonces gobernador del Banco de España, Mariano Navarro Rubio, (no confundir con Mariano Rubio) ordena la intervención del pequeño banco bajo la acusación de que servía de tapadera para la evasión de divisas a Suiza a traves de la sucursal que la entidad había abierto en Ginebra con el nombre de Banque de Siero.
En una inecesaria y espectacular operación policial, los agentes se presentaron en los salones del antiguo Hotel Castellana Hilton, interrumpiendo la celebración del banquete de bodas de Emilio García Botín, hijo de una hermana de Emilio Botín, y María de los Angeles Rato Figaredo, hermana de Rodrigo Rato, llevandose detenidos y esposados a Ramón Rato, patriarca de la familia, y a su hijo Ramón Rato Figaredo, ambos acusados de delito de evasión de capitales.

Jose María Gil Robles, abogado de los implicados, llego a afirmar en privado que el caso era indefendible, insinuando con sus palabras las más que posibles implicaciones políticas que habían influido en la puesta en escena de su detención y que habían desencadenado su procesamiento.
Parece ser que el propio Ramón Rato había dado instrucciones personales para que, en fechas anteriores a que se destapase el supuesto escandalo, se ejecutase un crédito de cuatro millones ochocientas mil pesetas contra Nicolas Franco,el hermanísimo intocable.

En virtud de la causa abierta contra los procesados del caso Banco de Siero, el Juzgado Especial de Delitos monetarios condenó a tres años de carcel y 176 millones de pesetas de multa al patriarca del clan Rato, y con dos años y 44 millones al hijo mayor, Ramón Rato Figaredo. también fueron condenados como cómplices Faustino Rato Rodriguez Sampedro, tío paterno de llos hermanos Rato, con una multa de 5 millones y a una serie de directivos del banco."

 

Las puertas giratorias en la política

Las puertas giratorias en la política

Una cosa es que todo esto tenga cierto tufillo a corrupción y tráfico de influencias, pero otra más sangrante es que intenten tratarnos como niños o bobos.

 

Esperanza Aguirre

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, deja su puesto de funcionaria en el Ministerio de Industria para trabajar en Seeliger y Conde, una empresa catalana especializada en la búsqueda y selección de directivos. En una nota, la firma precisa que la ha nombrado "presidenta del consejo asesor" del grupo y que se "incorporará próximamente a su nuevo cargo en Madrid". Minutos después de conocerse la noticia, avanzada por el diario Abc, la propia Aguirre ha dicho en su cuenta de Twitter: "En estos días me incorporo a Seeliger y Conde, firma cuyo objetivo es buscar el mejor talento para favorecer a las empresas españolas".

Fuentes populares han señalado que el nuevo cargo de Aguirre es compatible con su puesto como presidenta en el PP regional, que Aguirre seguirá ejerciendo.

 

 

 

 

Caso Guemes

 

Los posibles conflictos de intereses entre políticos que han tenido responsabilidades en la gestión de la sanidad pública y pasan a las empresas privadas del sector siguen alimentando la protesta generada en Madrid por la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud. Los dos últimos consejeros de Sanidad madrileños, del Partido Popular, tienen actualmente intereses en la sanidad privada. La empresa para la que trabaja Juan José Güemes —en el cargo entre 2008 y 2010— compró en noviembre pasado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos. Se da la circunstancia de que Güemes formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes.

Güemes abandonó el Ejecutivo de Esperanza Aguirre en marzo de 2010, año preelectoral, para dedicarse a la empresa privada. Fichó por la escuela de negocios Instituto de Empresa, donde preside el Centro Internacional de Gestión Emprendedora. El pasado junio la empresa suiza Unilabs, dedicada a los análisis clínicos, le nombró consejero. En noviembre, Unilabs compró el 55% de la participación que el laboratorio catalán Balagué Center —que anunció un ERE en octubre— y la sociedad Ames tenían en la UTE que gestiona los laboratorios. El tercer socio es Ribera Salud. Según informó Unilabs en una nota de prensa en noviembre, la operación supuso cinco millones de euros.

                                

 “Güemes asesora en las operaciones pero no negocia ni utiliza su imagen ni su pasado como consejero de Sanidad”, aseguró un portavoz de Unilabs horas después de que la cadena Ser informara de que la empresa de la que es consejero Güemes “se queda con la gestión de los análisis clínicos que él mismo privatizó”. El portavoz de Unilabs recordó que la empresa, integrada en Capio, no obtuvo ningún concurso público de la Comunidad de Madrid mientras Güemes fue consejero de Sanidad. Unilabs llegó a presentarse al concurso de los análisis clínicos, pero lo perdió contra Ribera Salud.

 

Guemes es marido de Andrea Fabra.

 

 

Caso Manuel Marín Ferrer

 

Manuel Marín Ferrer fue entre 2000 y 2007 el hombre de la Generalitat valenciana en el departamento de Salud de la comarca de La Ribera, de gestión privada. Durante este tiempo ocupó el cargo de comisionado. Su trabajo consistía en supervisar desde la Administración a la empresa privada adjudicataria de la atención sanitaria: Ribera Salud UTE. En septiembre de 2007 esa misma operadora sanitaria le fichó para ocupar el cargo de mayor responsabilidad: la dirección del departamento de Salud. Y pasó, sin etapas intermedias, de vigilar a la empresa desde su puesto de la Administración pública sanitaria a estar en nómina de la compañía.

 

Fuente: elpais.com

 

 

 

 

 

Caso Pallerols o caso Durán i Lleida. Artículo de Calleja

Políticos y jueces. Caso "Pallerols" vs caso Durán i Lleida

 

Unió Democrática de Catalunya ha reconocido que se apropió de dinero de fondos europeos destinado a parados y se lo quedó en los bolsillos del partido. Ahora, los responsables del robo han asumido un delito cometido hace veinte años para no ir a la cárcel y para que su líder, Josep Antoni Duran i Lleida, se ahorre el trago de tener que declarar ante el juez. Con el reconocimiento impune –sin cárcel del delito, el mensaje que se envía a la ciudadanía honrada es demoledor: robe usted ahora, utilice todas las triquiñuelas a su alcance para impedir que la justicia lo siente en el banquillo y, veinte años después, antes de ser juzgado, reconozca que robó, devuelva la cantidad, ¡sin intereses!, pida perdón y asunto resuelto.

Por supuesto que ningún ciudadano honrado al que le dé por robar, apurado por la crisis y el paro, recibirá este tratamiento por ningún juez, pero este caso de evidente corrupción pone de manifiesto la lentitud de la justicia hasta hacerla injusta, la capacidad de algunos partidos para compatibilizar el robo con las clases de ética y las nulas responsabilidades penales que tienen algunos delincuentes, reincidentes en lo de la financiación ilegal de Unió.

Semana tras semana, algunos políticos no paran de facilitar munición a aquellos que han decidido que la crisis es responsabilidad de los políticos, que la culpa de todo la tienen los políticos. En este panorama, resulta cada vez más complicado seguir en la defensa de la política y de la inmensa mayoría de los militantes de los partidos. Podemos concluir, antes de que termine la crisis, que esta se llevará por delante a los políticos y a la valoración que los ciudadanos tenían, antes del batacazo económico, de la política. Están dadas, por tanto, las condiciones para que surja el populismo, o cosas peores. Pero, además del desprestigio de ciertos políticos, el llamado ‘caso Pallerols’ nos habla de la injusta justicia.

¿Cómo es posible que un delito que se cometió en los noventa tarde en llevar al banquillo a sus autores hasta enero de 2013? No se trata solo de las argucias de los culpables para enredar y ralentizar el proceso, estamos ante un sistema que no se percibe como justo por la población, no solo por la arbitrariedad de que ante un mismo delito sea decisivo qué juez te toque, también porque se ensancha la percepción de que no todos somos iguales ante la justicia. Tenemos en España 200 cargos públicos imputados –76 en Baleares, parque temático, junto con Valencia, de la corrupción, un desapego creciente de la población respecto de los políticos y una justicia que, después de casi cuarenta años de democracia, no acaba de ser justa por su lentitud.

JOSÉ MARÍA CALLEJA, EL CORREO 11/01/13

 

 

 

Justicia "personalizada" . El poder político & poder económico

Justicia ‘personalizada’

Un muy buen artículo de Victoria Prego sobre las conexiones existenten entre ambos poderes.

¿Qué tienen los políticos y los muy ricos que, cuando se saltan la ley en beneficio propio, la Justicia les echa una mano y acaban saliendo indemnes del peso de esa ley que, sin embargo, suele caer implacable y pesadamente sobre los hombros de los menestrales?

Los políticos tienen poder, capacidad de presión y capacidad de pacto a partes iguales y son un enemigo peligroso y un aliado a veces muy necesario. Y los muy ricos tienen exactamente lo mismo pero traducido en billetes.

Por eso resulta tan extraordinario que entren en la cárcel grandes empresarios. Siempre que no hayan perdido su imperio, claro, porque entonces, sí. Ahí están los Albertos y el caso Urbanor, uno de los grandes escándalos de la España del pelotazo, para quienes el Constitucional modificó en su favor la doctrina de la prescripción. Y está Botín, por el caso de las cesiones de crédito, a quien el Supremo le hizo el favor de establecer que, una vez que la acusación pública y la particular se retiran, no basta la acusación popular en solitario para abrir el juicio. Sobreseido su caso.

Lo mismo sucede con los políticos bien situados. ¿Qué tenía, por ejemplo, el ex secretario de Trabajo de la Generalitat, Josep Maria Servitje, condenado a más de cuatro años de prisión por prevaricación, falsedad y malversación de más de 46.000 euros, que fue indultado por el Gobierno Rajoy en marzo pasado? Tenía una posición relevante dentro de CiU y seguro que información comprometida para ese partido. Lo mismo que tienen los señores Millet y Montull, implicados en el caso Palau, que aún no se ha visto en los tribunales. Y aún está por ver en qué terminará esta última sucesión de latrocinios protagonizados por esos militantes de CiU y por sus terminales empresariales y de partido.

El pacto alcanzado ayer en el caso Pallerols es más de lo mismo. Duran Lleida decía hace dos años en la radio: «Si condenan a alguna persona en este caso, yo no creeré en la Justicia porque Unió, como tal, no ha recibido ni un céntimo del señor Pallerols».

Pues ahí estuvo ayer «Unió, como tal» asumiendo el pago de casi 400.000 euros como responsable civil de un presunto delito de financiación ilegal pero evitando con eso que el caso sea juzgado y por lo tanto, aireado. Barato le ha salido al partido este pacto con la Fiscalía. Y más barato les ha salido a los encausados porque con este enjuague se libran de la cárcel. ¿Qué tiene Unió y su líder Duran para que su gente y su partido se libren de ser juzgados? Lo dicho: poder, capacidad de presión y, ahora mismo, una muy necesaria capacidad de pacto. Eso ayuda a entender lo sucedido. Y a azuzar la ira de los menestrales.

VICTORIA PREGO, EL MUNDO 09/01/13

 

Cospedal again.



Maria Dolores y sus dineros. 

 

Como imagino ya sabrán, María Dolores de Cospedal ha declarado ganar 158.388 euros en 2011. Es falso o, al menos, una media verdad. En realidad cobró bastante más: por encima de los 200.000 euros en solo un año. ¿La razón? Que De Cospedal ha cambiado el modelo de la declaración de ingresos de los diputados de Castilla-La Mancha para tapar sus vergüenzas. Hasta hace un año, se declaraban los ingresos íntegros. Ahora son solo los “ingresos netos”, descontando los impuestos. Por eso a los 158.388 euros hay que sumar las retenciones para hacerse una idea más real de la demagogia de esta política que tanto reivindica la austeridad. La de los demás.

La trampa de los ingresos netos permite camuflar algunos datos. El más llamativo: que el año pasado, en plena crisis, el PP pagó a De Cospedal un 65% más. Como lo oyen. Según sus propios datos, De Cospedal cobró en 2010 como secretaria general del PP 153.271 euros brutos, 107.289 euros netos. Si dividimos el sueldo en doce pagas, salen 8.940 euros limpios al mes. Al año siguiente, en 2011, De Cospedal se llevó 88.897 euros netos del PP por medio año, “hasta junio de 2011”. Es decir, 14.817 euros limpios al mes.

A bote pronto hay dos opciones para explicar esta enorme diferencia: o bien le subieron el sueldo –y no poco: salen 5.877 euros más por cada mes–, o bien el PP le pagó algún tipo de indemnización extraordinaria cuando dejó de cobrar. Ambas son igualmente cuestionables y merecerían alguna explicación porque el dinero de los partidos, aunque se gestione de forma opaca y arbitraria, sigue siendo dinero público.

Si es misterioso el sueldo del PP, el del Senado no lo es menos aún. De Cospedal declaró cobrar 32.191 euros netos como senadora en 2010. Sin embargo, en esta última declaración asegura que cobró en seis meses del Senado prácticamente la misma cantidad que en todo el año anterior: 31.775 euros netos hasta “julio de 2011”. Los números solo cuadran, y no del todo, sumando la parte proporcional de las dietas de desplazamiento: 25.513 euros en 2010, a pesar de que De Cospedal tiene una vivienda de 265 metros cuadrados en Madrid. No se sabe, eso sí, por qué De Cospedal separó las dietas en otro apartado de su declaración de 2010, como “indemnización del Art 23.1 del Reglamento del Senado” mientras que en esta última declaración no aparecen como tal.

En total, De Cospedal declaró ganar 223.597 euros brutos en 2010. Tras las retenciones, se quedaban en 168.859 euros. Este año, no sabemos el salario bruto, pero el neto es solo de diez mil euros menos. Hablamos de l a misma política que, tras años de cobrar tres sueldos públicos, ha decidido dejar sin salario a la oposición.

Fuente: Eldiario.es

¿Tú también Bono?

En política lo que parece es lo que es. ¿No siempre? Es posible, pero ya estamos hartos.

 

El expresidente José Bono continúa con su oficina de representación, dos secretarias y un chófer pagados por la Junta de Castilla-La Mancha pese a que el dirigente socialista vive en Madrid, lo que supone un gasto de 160.000 euros al año. José María Barreda ha renunciado a estas prebendas. El Gobierno de María Dolores de Cospedal insta a Bono a que renuncie.

El expresidente castellano-manchego, recuerda hoy el diario ABC en portada, tiene a su disposición en Toledo -por derecho de su cargo- un despacho con dos secretarias y un chófer hasta 2024. El gasto total hasta ese año superará los tres millones de euros.

Los detalles

110.949 euros. Es el coste salarial con el cargo al Presupuesto regional de las dos personas que componen la Secretaría de apoyo a José Bono. La cantidad incluye el pago de la Seguridad Social.

48.792 euros. Es el sueldo en euros del conductor adscrito a Bono, que, por ley, es exactamente el mismo que el del chófer del presidente en ejercicio.

517 euros. Gastos en gasolina en 2012 del coche a disposición oficial de José Bono.

2024. La fecha hasta la que según la ley que él aprobó en su mandato tiene derecho a disfrutar del despacho de representación. Veinte años y 10 meses, los mismos que estuvo en el poder, recoge el diario ABC.

Tres millones de euros. La cantidad que costará esta representación y que abonará la Junta de Castilla-La Mancha.

Cero euros. La oficina está en un edificio de la Junta.

Grandes retiros

El retiro de José Bono no es es el único. Según el diario ABC, además del castellano-manchego, Zaplana, Pujol y Ibarra también consiguieron asegurar su futuro durante los últimos meses en el poder. No obstante, Rodríguez Ibarra renunció, tras el triunfo del PP e IU en Extremadura, a su oficina en Mérida en 2011.

Los gastos de representación de José Bono se han mantenido mientras el político ha sido ministro de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados, según fuentes de ABC.

Fuente: ABC

 

Cataluña tampoco levanta cabeza.

Cataluña: Cuatro años de continuos estallidos de corrupción

  

Caso Pallarols

El 73% de los cursos con los que se financió Uniò eran irregulares

Las academias de Fidel Pallarols realizaron 220 cursos de formación para parados entre 1994 y 1999 por los que la Generalitat pagó 8,8 millones de euros procedentes de la Unión Europea. 162 de esos cursos fueron irregulares, según un informe de la Guardia Civil entregado a la juez del caso en 2004 tras tomar declaración a 815 alumnos, el 10% del total. Unió ha reconocido que usó el dinero de estos cursos, que venía de fondos de la UE, para financiarse.

Las anomalías más frecuentes fueron la falsificación o sustitución de firmas de los estudiantes, la alteración de las fechas de asistencia a los cursos o la inclusión de alumnos en listados sin que ellos lo supieran y sin que hubieran acudido. En otros casos, se les dio de baja al día siguiente de empezar las clases porque habían encontrado trabajo, algo que desmintieron los afectados a la Guardia Civil.

Algunos alumnos no cumplían los requisitos exigidos para recibir esa formación, no se les entregó ningún certificado de asistencia o se hicieron varios cursos en la misma aula. Los alumnos también explicaron que se incumplía el programa lectivo, que el nivel de los profesores era muy bajo, que existían cambios frecuentes y que faltaba material didáctico.

Un informe de la Sindicatura de Cuentas de 2007 también constató la falta de un control riguroso sobre los cursos de formación en los años 90, con el Gobierno de Jordi Pujol. Entre otras anomalías se dice que la Generalitat exigió a Pallerols que devolviera 1,2 millones de euros ante la falta de justificación de gastos. No se retornó ni un céntimo.

 

El cerco se estrecha sobre Josep Antoni Duran Lleida, líder de Unió Democràtica (UDC). La oposición exigió ayer la dimisión del democristiano, después de que el partido admitiera que se financió ilegalmente a través de unas subvenciones para la formación de parados en los años 90, cuando sucedió el caso Pallerols

 

La lista de políticos catalanes imputados ha crecido en los últimos cuatro años a raíz de tres tramas de corrupción que han afectado básicamente a Convergència i Unió y el Partit dels Socialistes: los casos Palau de la Música, Pretoria y el más reciente caso Mercurio. A ellos se unen los tres dirigentes de Unió que han sido condenados por financiación ilegal tras firmar la conformidad de la acusación. Y los otros dos indultados por el Gobierno del PP.

 

El caso Palau, por el que Convergència tiene entregada su sede central como fianza, mantiene imputados al extesorero del partido y el exsecretario de Comunicación del Gobierno catalán. En la órbita socialista, también fue imputado el exteniente de alcalde de Urbanismo.

 

El caso Pretoria, de corrupción urbanística, acabó con una veintena de imputados en 2009, entre los que había un concejal y un diputado del PSC y los ex altos cargos de Convergència, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.

 

El más reciente caso Mercurio, con epicentro en el Ayuntamiento de Sabadell, ha acabado con la imputación del alcalde socialista, que ha delegado temporalmente el cargo y de la también socialista y alcaldesa de Montcada i Reixach. La trama ha salpicado además al secretario de Organización del PSC, pendiente de imputación formal. Al mismo tiempo, fueron imputados tres concejales del equipo de gobierno y un exconcejal del PP.

 

Un imputado (CiU) por el llamado caso Adigsa, es diputado en esta legislatura y, además, un mínimo de nueve alcaldes de CiU y PSC tomaron posesión estando imputados.

 

 

Fuente: El País

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=S&pagina=http://www.elpais.com

 

 

 

Los Fabra y el caciquismo

Andrea Fabra: la última del clan

 

"Si ser cacique es ejercer la autoridad en mi partido y ejercer de presidente, pues sí, soy cacique”. Al ya expresidente de la Diputación de Castellón y expresidente provincial del PP Carlos Fabra, nunca le ha importado que se utilizara el despectivo “cacique” para referirse a él. Desde el siglo XIX, cuando los Fabra comenzaron a llegar a la política, cacique ha sido el término que, de forma constante, aparecía unido a su apellido. Ahora, el “que se jodan” clamado por la última de la estirpe, Andrea Fabra, en medio de los aplausos de los diputados populares cuando el Congreso recibía el anuncio de los más duros recortes de esta democracia, le está quitando puestos.

 

Ver artículo completo sobre la saga de los Fabra y Andreita  en El País:

 http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=S&pagina=http://www.elpais.com

 

 

 

 

 

 

 

El choteo de la política en la Comunidad Valenciana

 

En la Comunidad Valenciana hay nueve procesados que aún se sientan en escaños

 

 

 

 

 

Los diputados imputados o a punto de sentarse en el banquillo que aún permanecen en la bancada popular de las Cortes Valencianas podrían formar grupo propio ya que, actualmente, suman nueve, aunque han llegado a ser once.

Los casos Gürtel y Brugal, en los que se investiga a dirigentes populares por tráfico de influencias, cohecho, prevaricación e incluso la financiación ilegal del PP valenciano, han salpicado a más de una docena de cargos, incluido el expresidente, Francisco Camps, que fue juzgado y absuelto. Uno de sus vicepresidentes fue condenado tras asumir las acusaciones de cohecho. Otro, que aún se sienta en un escaño, está pendiente de que se fije la fecha de juicio, al igual que dos de sus compañeras de bancada que fueron consejeras de Turismo.

La particularidad de la corrupción valenciana es la ausencia de consecuencias políticas que ha tenido el descubrimiento de las tramas. El principal partido implicado, el PP, sigue ganando las elecciones y prácticamente todos los imputados siguen en su sitio. Incluso en casos en los que los jueces ya han dictado la existencia de indicios de delito y los políticos están a un paso del banquillo. Muestra de ello es que uno de los diputados no presentó la dimisión hasta que no fue condenado o que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, nunca dejara el cargo y decidiera por iniciativa propia no presentarse a la reelección tras ocho años imputado. También resultó inaudito que un consejero del actual Gobierno de Alberto Fabra dimitiera cuando supo que iba a ser imputado.

La administración autonómica no ha sido el único escenario en el que se han detectado presuntos casos de corrupción. También los Ayuntamientos y las políticas urbanísticas han sido origen de corruptelas como atestigua el sumario del caso Brugal en el que están imputados los dos últimos alcaldes de Alicante. O el caso Emarsa, por el saqueo de los fondos públicos de una depuradora de las aguas residuales del área metropolitana de Valencia, en el que está imputado un exalcalde. El último gran escándalo, por tratarse además de un tema especialmente grave, es el que afecta al que fue portavoz del PP en las Cortes valencianas, el exconsejero, Rafael Blasco, acusado de participar en una trama de desvío de fondos destinados para la cooperación internacional.

 

Fuente: El país

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=S&pagina=http://www.elpais.com

 

 

 

 

Marta Ferrusola y los 400.000 euros

Marta Ferrusola

"los 400.000 euros ya están donde tienen que estar"

 

Nuevo episodio en el supuesto manejo del dinero de la familia Pujol. Este jueves la protagonista es la esposa del expresidente, Marta Ferrusola, a quien una íntima amiga de Jordi Pujol atribuye la frase de "los 400.000 euros ya están donde tienen que estar" en el contexto de una conversación telefónica con su hijo Jordi Pujol Ferrusola, a quien se le relaciona con el traslado de fajos de billetes de 500 euros a Andorra.

Para la Fiscalía Anticorrupción, de la declaración de la íntima amiga de Jordi Pujol Ferrusola se extrae la conclusión de que existen "datos o indicios, que, de poder ser concretados o ampliados, permitirían una investigación penal por presuntos delitos de blanqueo de capitales y/o delitos contra la Hacienda", recoge este jueves en portada el diario El Mundo: “Están donde tienen que estar”

Las declaraciones de este amiga llamada V.A.M, testimonio del que se ha servido la Udef, subrayaban que en conversación telefónica entre Jordi Pujol Ferrusola y Marta Ferrusola, su madre, oyó decir a ésta: "Los 400.000 euros ya están donde tienen que estar".

Fuente: El mundo

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=S&pagina=http://www.elmundo.es

 

 

Otra noticia sobre la persona y su comentada xenofobia lo podemos ver en Alerta  Digital

 

http://www.alertadigital.com/2012/09/13/la-pareja-racista-los-hijos-de-pujol-y-ferrusola-no-jugaban-en-lugares-donde-hubiesen-ninos-charnegos/